EFE. MADRID. La Dirección General de los Registros y del Notariado ha admitido la petición de contraer matrimonio civil entre un varón español y una transexual de Costa Rica, al considerar que la ley aplicable al caso es la española, que ha admitido su condición de mujer, y no la costarricense, que no contempla el [...]

En una valoración conjunta de ambos informes cabe concluir que el nivel de ruido que procede de las bandas transversales instaladas sobre la calzada, al paso de los vehículos, es si no continuo, si al menos muy frecuente, debido a la circunstancia notoria del gran tráfico que soporta el tramo donde se encuentran ubicadas las bandas. Y además es también notorio que muchos de los vehículos que cruzan las bandas circulan a una velocidad superior a la permitida en aquel lugar, por lo que el ruido producido es mayor del ocasionado si circulasen a esta velocidad.

Así, partiendo de estos datos, y del resultado de las mediciones reflejadas en los informes periciales cabe considerar probado que el nivel de ruido derivado de la incesante circulación existente en el punto donde se encuentran las bandas es superior al permitido por la Ordenanza de Villamediana de Iregua, que sirve como punto de referencia, ocasionando una contaminación acústica que si bien, no ponen en peligro la salud del actor o de su familia, si que se priva del derecho de disfrute de su domicilio, impidiendo el normal desarrollo de su intimidad personal y familiar, de acuerdo con los usos sociales existentes en la actualidad, por lo que se aprecia la infracción del derecho fundamental reconocido en el artículo 18.2.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos, que introduce importantes modificaciones en la normativa vigente con objeto de lograr un desarrollo rural armónico, tomando para ello muy en cuenta los aspectos económicos, sociales y humanos existentes en las relaciones sobre arrendamientos.

La Sentencia de AP de Barcelona, Secc. 16, de 8-10-2004, desestima la demanda formulada al amparo de los arts.42 y 43 Código Civil, por la que se reclamaba la suma de 2000 euros como efecto derivado de la ruptura de la promesa de matrimonio. Dicha indemnización no puede derivarse del incumplimiento de la libre decisión de no contraer matrimonio, ni en un supuesto daño moral sufrido por el contrayente “abandonado”; cabría, no obstante, plantearse la cuestión a la luz del art. 1902 (responsabilidad extracontractual) o del enriquecimiento injusto, pero no acreditada la realidad de los gastos hechos en consideración al matrimonio futuro, debe desestimarse la acción ejercitada.

La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública (libro verde) sobre ley aplicable y jurisdicción en asuntos de divorcio. El libro verde describe las dificultades prácticas existentes debido al creciente número de parejas “internacionales” que se divorcian cada año en la Unión Europea y propone posibles soluciones

MADRID.- El proyecto de ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo ha comenzado su tramitación parlamentaria al rechazar el pleno del Congreso las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Unió Democrática de Catalunya, que abogaron por preservar el matrimonio como unión heterosexual. Las dos enmiendas, que pedían la devolución del [...]

la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la Sentencia recurrida en amparo, al atribuir al ahora demandante la paternidad reclamada con base única y exclusivamente en la negativa de éste a someterse a la prueba biológica, prescindiendo del resto de la prueba practicada en el proceso y de la valoración conjunta de aquélla [...]

El Pleno del Senado ha aprobado, sesión del 09 de marzo, la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre creación del registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Un juzgado de Barcelona ha declarado en ‘quiebra patrimonial’ o suspensión de pagos a una familia que tiene un activo de 7.000 euros y unas deudas de 163.750 euros. Este mecanismo, utilizado por vez primera en España, paraliza todo procedimiento de embargo, reserva un mínimo de recursos básicos para el matrimonio y el resto se pone a disposición del concurso de acreedores.

El “PS [S] ” (El País Semanal ), del 27 de febrero publica esta columna de Javier Marías que no tiene desperdicio y cuya temática interesa al derecho de la responsabilidad.