– DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO (S. 621/000015) (C. D. 121/000018). El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el siguiente proyecto de ley. Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto [...]

En el desarrollo legal del reconocimiento de la realidad plurilingüe de España, es al Estado a quien corresponde, en virtud de su competencia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, establecer la regulación del Registro Civil, regulación estatal que debe respetar en cuanto al uso de las lenguas en dicho Registro público el principio de doble oficialidad contenido en las legislaciones autonómicas correspondientes. De esta manera se concilian las actuaciones que en materia de uso de las lenguas en el Registro Civil corresponden al Estado y a las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial además del castellano.

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, integrada por los Diputados don Manuel Ceferino Díaz Díaz (GS), don José Oria Galloso (GS), don Alejandro Alonso Núñez (GS), don Pío Pérez Laserna (GP), don José Madero Jarabo (GP), don Jordi Ramón i Torres (GERC), don Pere Grau i Buldú (GC-CiU), don Ángel Pérez Martínez (GIV-IU-ICV), don Iñaki Txueka Isasti (GVEAJ-PNV), don Luis Mardones Sevilla (GCC) y doña Olaia Fernández Davila (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES . CONGRESO DE LOS DIPUTADOS VIII LEGISLATURA Serie A: PROYECTOS DE LEY 15 de junio de 2005 Núm. 19-8 APROBACIÓN POR LA COMISIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA 121/000019 Sociedad anónima europea domiciliada en España. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se [...]

“…las resoluciones judiciales impugnadas fundan la decisión de no continuar la ejecución inicialmente despachada a instancias de la demandante de amparo en el entendimiento de los procesos de separación y divorcio como juicios absolutamente independientes y autónomos, e incluso excluyentes,…La falta de exteriorización de las previsiones normativas en la que se sustenta aquella concepción de uno y otro proceso, en definitiva, la decisión de no despachar la ejecución de la Sentencia de separación en el extremo interesado por la demandante de amparo; esto es, el referido a las cantidades que reclamaba por impago y actualización de la pensión compensatoria fijada a su favor en la Sentencia de separación, impide la consideración de los Autos recurridos como resoluciones judiciales fundadas en Derecho, por no ser fruto de una razonada aplicación de la legalidad, lo que ha de conducir en este caso, en atención a la fase procesal en la que aquéllos se han dictado, a estimar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales”

“…que los órganos judiciales han considerado que el accidente se produjo por culpa relevante y exclusiva del conductor del autotaxi. Constatado lo anterior, y atendiendo a que en las Sentencias impugnadas se aplica únicamente el factor de corrección previsto en el apartado B) de la tabla V del anexo, excluyendo expresamente por falta de previsión legal los perjuicios derivados de la contratación de un trabajador que sustituyera a la demandante en sus labores profesionales relacionadas con el rodaje de anuncios publicitarios a consecuencia de su incapacidad temporal derivada de las lesiones sufridas en el accidente de tráfico, a pesar de tener por acreditados los gastos efectuados, ha de concluirse que en relación con este extremo se ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al haberse impedido la íntegra reparación del daño causado…”

En cualquier caso, como establece la STS de 15 septiembre 2003, no se trata de que “no se ha probado la culpa” sino de que el médico no ha probado que el resultado dañoso no se ha producido por su actuación

VIII LEGISLATURA PROPOSICIONES DE LEY 8 de junio de 2005 Núm. 167-6 INFORME DE LA PONENCIA 124/000005 Creación del registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del [...]

“Art.9 En el caso de que se produzca la disolución en vida de la pareja de hecho, si la convivencia ha supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambas partes integrantes que implique un enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica por la parte conviviente perjudicada que, sin retribución o con retribución insuficiente, haya trabajado para el hogar común o para la otra parte integrante.”

La competencia del Parlamento para regular el recurso de casación en materia de derecho civil gallego le viene atribuida en los artículos 22 y 27.5 del Estatuto de autonomía de Galicia, que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 149.1.6.° de la Constitución determinan las atribuciones da nuestra Comunidad Autónoma en materia de normas procesales que se deriven del derecho gallego.