Juzgado de Primera instancia e instrucción Número Tres AUTOoriginalmente publicada en el diario Canarias7 en formato imagen y en pdf En Telde a doce de agosto de dos mil cinco HECHOS PRIMERO.- Ante este Registro Civil de Telde, Don Cristo Ginés E.B y Don José Damián S. M. cuyas demás circunstancias personales constan en el [...]

cd rom en blanco: su ámbito de posibilidades de uso no se circunscribe necesariamente a servir como soporte de obras protegidas.

La juez de Dénia mantiene la suspensión de una boda gay El fiscal de Canarias apoya las uniones paralizadas por el juez de Telde S. N. / EFE – Alicante / Las Palmas EL PAÍS – Sociedad – 10-08-2005 La juez del Registro Civil de Dénia, Laura Alabau, ha rechazado el recurso de la fiscalía [...]

La Dirección General de los Registros y del Notariado no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el supuesto de una posible intervención del orden público internacional español ante la hipótesis de matrimonio entre personas del mismo sexo de nacionalidad extranjera en caso de que, por adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de una de ellas, dicho matrimonio, anterior a la entrada en vigor de la reciente Ley 13/2005, de 1 de julio, hubiese pretendido su acceso al Registro Civil español. No obstante, parece clara la improcedencia de la excepción de orden público en tales casos, aun antes de la entrada en vigor de la citada Ley, dada la amplia admisión en nuestro Derecho de la figura de las uniones estables de pareja entre homosexuales desde la aprobación de la Ley catalana 10/1998, de 15 de julio, posteriormente seguida de otras muchas leyes autonómicas, siendo así que el concepto de orden público internacional español, por su propia naturaleza, debe considerarse indivisible y único para el conjunto de España.

Nos encontramos en un caso que afecta a la esfera personal y familiar de un menor, que, con nueve años de edad, en el momento de resolverse el recurso de apelación, gozaba ya del juicio suficiente para ser explorado por la Audiencia Provincial, con el fin de hacer efectivo el derecho a ser oído que el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, reconoce a los menores en cualquier procedimiento judicial en el que estén directamente implicados y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social (derecho reconocido, además, por el art. 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Instrumento de 30 de noviembre de 1990, expresamente citada en el art. 3 de la citada Ley Orgánica de protección jurídica del menor). La Sala de la Audiencia Provincial de Sevilla debió otorgar un trámite específico de audiencia al menor antes de resolver el recurso de apelación interpuesto, por lo que, por este motivo, debe apreciarse ya la vulneración del art. 24.1 CE

Carteles publicitarios de entidad bancaria, publicidad ilícita por engañosa. A pesar de la existencia de trípticos informativos que subsanan o corrigen las infracciones en que incurren los carteles publicitarios, éstos incurren en ilicitud publicitaria proscrita por el RD 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores.

pruebas que acreditan la perfección del contrato a pesar de no constar la firma del mismo. No imputabilidad de determinados gastos a la parte incumplidora, cuando puso de su parte lo necesario para evitar su realización.

El TC ya se ocupó del art. 136. 1 CC en su sentencia 138/2005, más dicha sentencia no contenía declaración alguna de nulidad del precepto, por ello “Siendo así, no puede considerarse que la cuestión que ahora hemos de resolver haya perdido objeto. La pérdida de objeto en la cuestión de inconstitucionalidad implica la radical y absoluta imposibilidad de aplicación de la norma cuestionada, ocasionada por su derogación, modificación o expulsión del ordenamiento (STC 153/1986, de 4 de diciembre, FJ 2). Lo que no ocurre en este caso, ya que no se ha efectuado un pronunciamiento de nulidad del precepto cuestionado.”

SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintisiete de Mayo de dos mil cinco. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra de fecha 18 [...]

el artículo 60 de la Ley de 11 de noviembre de 1987 se presenta exigente al imponer que dicha relación deberá formalizarse por escrito, con expresión de las particularidades que el precepto enumera, por lo que, cuando no se cumple este requisito, el artículo 61 de la referida Ley es bien explicativo y tajante, al decretar que “será nulo el contrato no formalizado por escrito”: Estos artículos se reproducen en la Ley vigente de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996.